¿Por qué Batlle paró la investigación del robo de armas en la Armada?
Preguntas inocentes
En el año 2001, durante el gobierno de Jorge Batlle, se denunció el ocultamiento de varios hechos irregulares ocurridos en la Armada. En 1997, durante el gobierno de Sanguinetti, se descubrió un faltante de municiones, parte del cual estaba en manos de un civil de militancia ultranacionalista llamado Honorio Méndez, que habría sido contratado por la Armada en función de sus conocimientos sobre explosivos.
Alberto Grille
En el año 2001, durante el gobierno de Jorge Batlle, se denunció el ocultamiento de varios hechos irregulares ocurridos en la Armada. En 1997, durante el gobierno de Sanguinetti, se descubrió un faltante de municiones, parte del cual estaba en manos de un civil de militancia ultranacionalista llamado Honorio Méndez, que habría sido contratado por la Armada en función de sus conocimientos sobre explosivos. En el año 2000, en razón de que este personaje vendía municiones calibre 7.62 a 150 dólares los mil tiros, se hizo una investigación en la Armada y se encontró que en 2001 se había dado de baja a 7.000 municiones con el argumento de que estaban en mal estado. Cuando se investigaba este faltante y otro de dinero, en un descuido, quien estaba a cargo del arsenal -teniente de navío Víctor González, curiosamente reservista que estaba bajo arresto a rigor- se suicidó de un disparo en el ojo derecho. Fuentes forenses llaman la atención de que siendo este oficial zurdo, tomó la pistola con la mano derecha y se pegó un tiro en el ojo derecho. En el arqueo se encontró que el faltante era de 11.000 municiones, parte de las cuales se encontró en la casa del tal Honorio Méndez. Tales episodios y otros que habían permanecido ocultos tales como el robo de US$ 40.000 que habían faltado en su momento de la caja fuerte del comandante en jefe vicealmirante Raúl Risso (¿qué hacían tantos dólares en ese lugar?), motivaron la renuncia del comandante contralmirante Francisco Pazos y la asunción del contralmirante Carlos Giani a la Comandancia de la Armada.
Carlos Giani -muy allegado al ex presidente Sanguinetti y mano derecha del teniente general del Ejército Hugo Medina- asumió sin que Pazos fuera oficialmente relevado, se comprometió en televisión a hacer un arqueo y una auditoría completa y presentó un informe al ministro Brezzo, informe que ha permanecido oculto, al parecer por orden del (ex) presidente de la República doctor Jorge Batlle.
En ese informe Carlos Giani habría informado que el faltante era de: 200 fusiles, 1.570.000 municiones y fusiles M16, subametralladoras y fusiles AK 47, caños de fusiles Springfield, explosivos y repuestos de fusiles M1, hecho de una gravedad inusitada que sólo puede haber permanecido en secreto por orden del comandante en jefe, en este caso el presidente de la República.
En el caso de los AK47 la consignación es de extrema gravedad, porque de ser así, tales armas no estarían en los registros de las robadas ni en las que tendría la Armada y su existencia, probablemente de las misiones en el Congo, comprometería también a la Fuerza Aérea, máxime si probablemente fueran armas incautadas a la guerrilla.
El ministro Brezzo hizo driblings durante toda la interpelación, en la que se involucró a un alto jerarca de Ministerio de Vivienda, en este caso el director de Ordenamiento Territorial Herman Leis, el doctor Roberto Yavarone, el diputado Daniel García Pintos y el empresario de la construcción González Conde quienes al parecer compraban las municiones robadas de un polvorín del Servicio de Material y Armamento de la Armada.
El caso de Yavarone es el más sorprendente porque el día antes del suicidio del teniente Víctor González, siendo subsecretario de Defensa, estuvo comiendo un asado de camaradería en el Servicio de Material y Armamento de la Armada junto a algunos conocidos adquirentes y fanáticos de armas portátiles, y se manifestó muy disgustado por la persecución ideológica que se hacía al teniente de reserva Víctor González, quien en ese momento estaba bajo arresto a rigor y del que se manifestó muy amigo.
Yavarone, un abogado que integra actualmente el directorio del Partido Colorado, habría manifestado en una oportunidad ante oficiales de la Armada,refiriéndose al capitán de Navío Alex Level, en su ausencia, “que si seguía jodiendo con la investigación del Valiente, lo iba a hacer mierda y sería boleta”.
¿Quién asesora a Borsari en materia de seguridad?
Preguntas inocentes
Un oficial retirado de la Policía viaja habitualmente a Uruguay protegido por amigos que dice tener en la Policía y en la política, en donde revista en el Partido Nacional. Fue custodia de Gonzalo Aguirre cuando éste se desempeñó en la Vicepresidencia de la República y el propio Gonzalo Aguirre lo defendió asesorándolo como abogado y ante la propia Policía.
Alberto Grille
Un oficial retirado de la Policía, investigado por contrabando, que ingresa clandestinamente a Uruguay y que dice vivir en Buenos Aires, es el asesor en seguridad del diputado Borsari;; está requerido por actividades ilícitas y su procesamiento iba a ser pedido en 2002 por la doctora Ana Lima, cuando pasó a la clandestinidad y presuntamente huyó del país.
Sin embargo, el inspector Artigas Rivero continúa viajando a Uruguay, donde en 2004 le hice una entrevista -en una mansión de la zona sur de Carrasco- luego que llegó caminando, vestido con una remera turquesa, un gorrito de pelotero, lentes negros, zapatos Nike y jean de marca.
Artigas Rivero es un extraño personaje que la Policía vincula al contrabando de cigarrillos y whisky y a quien apodan ”Rey del bagayo”. Intensamente buscado por el inspector Julio Guarteche y la Brigada Antidrogas, fue procesado y condenado por abigeato, contrabando y faena clandestina junto al subcomisario Pablo Porto, y recibió la libertad por gracia de la Corte.
Durante el gobierno blanco, cuando el Tribunal de Honor de la Región Policial Nº1 iba a concluir por unanimidad en que Rivero había cometido “faltas gravísimas” -mérito suficiente para la cesantía y falta de jubilación- Juan Andrés Ramírez cesó sorpresivamente a uno de los miembros del Tribunal, lo que impidió la resolución.
El negocio de Rivero consistía, según fuentes judiciales y policiales, en la utilización de una empresa de la cual sería propietario, una sociedad anónima de nombre Indesur, a través de la cual se triangularía ilegalmente cargamentos de cigarrillos, de la misma forma en que se hacía a través de la zona franca de Rivera por parte de empresarios, policías y aduaneros. Se le atribuye también fortuna, viajes, y poseer -siendo policía- vehículos costosos, estancias...
Viaja habitualmente a Uruguay protegido por amigos que dice tener en la Policía y en la política, donde revista en el Partido Nacional. Fue custodia de Gonzalo Aguirre cuando éste se desempeñó en la Vicepresidencia de la República y el propio Gonzalo Aguirre lo defendió asesorándolo como abogado y ante la propia Policía.
El diputado Gustavo Borsari lo llevó a trabajar en Comisión con él en el Parlamento y aún lo asesora en materia de seguridad y toda la amplia gama de temas que abarca el aspecto de la seguridad policial. Cuando Borsari fue preguntado por la prensa por su relación con Rivero, dijo que se había desvinculado de él tres meses antes de saber de sus actividades delictivas. Sin embargo, Rivero afirmó que él gozaba de licencia extraordinaria en ese momento y que cuando un policía le avisó que iba a ser procesado, decidió no reintegrarse a su cargo y permanecer fuera del país.
Artigas Rivero Bica es un peso pesado. Se le atribuye una fortuna de 10.000.000 de dólares, generada a partir de operaciones ilegales y de una maquinaria de corrupción. Su captura está pedida también por la Justicia argentina por “contrabando calificado”, pero hay información concreta de que registra salidas legales e ilegales a ambos países, al parecer por sus contactos políticos y policiales que le garantizan libre circulación y protección.
Desde que asumió el gobierno de Lacalle, la fortuna de Rivero Bica creció inconmensurablemente. Por su amistad con la esposa de Gonzalo Aguirre integró su equipo de seguridad, y gozó de inmunidades que le daba su proximidad con el poder.
Hoy dice vivir en Argentina, tiene un pequeño hijo y espera el año próximo, en que su delito prescribe, cuando podrá pasear -ahora sin protección y sin ocultarse detrás de unos lentes negros- por las calles de Montevideo e incluso entrar al despacho del diputado Gustavo Borsari para asesorarlo libremente en materia de seguridad
Cuando Feldman y Diego Balestra aconsejaban invertir en negocios seguros
Ambos dirigían la empresa Fondo Forestal SA
Hace 12 años Saúl Feldman ingresaba junto con el presidente de la Cámara de Industrias Diego Balestra, al negocio forestal. Ambos fundaron la empresa Fondo Forestal SA y para explicar el negocio, el Ing. Balestra junto a Saúl Feldman concedió una entrevista a la revista Objetivo Empresarial. Corría el año 1997.
Mateo Grille
La Justicia trata de avanzar por un laberinto. Las agendas de Feldman, sus cuentas bancarias, los 300.000 dólares en bonos europeos, el teléfono de militares e industriales son piezas, pero nadie logra ni siquiera adivinar las dimensiones y características del todo. La Justicia no descarta hipótesis alguna, pero mientras trata de investigar en forma coherente y de proteger los procedimientos de una embestida “baguala” de datos de la oposición que nada aclaran, reconstruir el pasado se vuelve clave para saber cómo funcionaba el único disco duro con la información fundamental: el que murió en la cabeza de Feldman.
El título de tapa de la edición de ayer del diario El Observador dice “Agenda de Feldman: indagan a varios militares e industriales”. “En base a los contactos que aparecen en esa agenda se está elaborando un listado de personas a interrogar para intentar develar el misterio al dueño de las 700 armas que se atrincheró y resistió la detención hasta morir”. La lista de militares e industriales no se conoce, pero se supone que la indagatoria de quienes la integran permitirá obtener pistas para continuar investigando un caso único en el país. Los vínculos de Feldman con sectores militares no se han probado, pero existen indicios, además de presunciones, sobre la cercanía que éste pudiera haber tenido con algún sector castrense que le permitió acopiar algunas de las 700 armas que el contador tenía en su poder. Sobre todo, la Justicia se pregunta mediante qué camino llegaron a Feldman las armas robadas de dependencias militares. Por otra parte, los vínculos con sectores industriales tampoco están claros y las pesquisas sobre el particular también se espera arrojen indicios sobre los cuales continuar la investigación.
Feldman no era militar, pero alguna vez supo ser un empresario relativamente próspero. En 1996 Saúl Feldman fundó la compañía Fondo Forestal SA. De esa empresa fue gerente, compartiendo directorio, proyectos y visiones, entre otros, con el Ing. Diego Balestra, quien por aquel entonces ya era presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. La empresa fundada por Feldman y Balestra contaba con explotaciones forestales en Tacuarembó y Durazno, además de desarrollar un programa de forestación de 30.000 hectáreas de madera pulpable y 10.000 hectáreas de madera para aserradero, tanto para la industria local como para la exportación. La firma, según decía su hoy caída página web, “ya ha forestado más de 5.000 hectáreas siendo el mecanismo operativo el de vender a inversores individuales (de Uruguay y Argentina) fracciones forestadas con eucalipto globulus, maideni y grandis”.
Existe al menos un registro gráfico de un encuentro entre Diego Balestra y Saúl Feldman. Fue para la octava edición de la revista Objetivo Empresarial publicada en 1997. En ella, Balestra y Feldman relataban las bondades de un proyecto de compra de parcelas para la forestación que llevaba adelante la empresa Fondo Forestal SA. Nada mejor para publicitar el proyecto de un negocio, que ya se veía iba a ser particularmente rentable, que hacer entrevista conjunta con dos de los directivos más prominentes de Fondo Forestal SA, Diego Balestra y Saúl Feldman. Sonrientes delante de un logotipo de la empresa, Balestra y Feldman son fotografiados antes de relatar por qué hay que invertir en árboles. “El negocio es seguro...” dice Feldman (que es presentado como “economista de 52 años y consultor de empresas industriales y de servicios. Ha organizado grupos inversores en el sector de la construcción desde 1976 a 1990. En 1991 funda Alto Paraná SA, empresa dedicada a la forestación y se especializa en el área de producción y comercialización”), “... porque se está invirtiendo en tierra y árboles. Jurídicamente se brindan todas las garantías y se asegura el derecho de propiedad como con cualquier bien. Fondo Forestal hace un contrato de mantenimiento del bosque hasta el momento de la tala, de tal forma que si el inversor lo desea no tiene que ocuparse de nada”. Consultado sobre la sustancia del negocio, Feldman sostiene: “A un pequeño o mediano inversor le sería imposible invertir cuarenta o sesenta mil dólares en forma rentable, porque no hay economía de escala. Al momento de vender le van a pagar por su madera la cuarta parte de lo que vale en el mercado. Participando en un proyecto como Fondo Forestal, donde se compran parcelas en un campo de mil hectáreas, la exportación de la cosecha puede implicar fletar ocho o nueve barcos, y de esa manera acceder al precio internacional. El objetivo del emprendimiento, dice Feldman, es generar una cantidad de madera suficiente también con el fin de industrializarla, de manera que Fondo Forestal hace un buen negocio y el inversor también. Nos sentimos conductores de ese proceso. Se debe considerar, además, algo que es fundamental: la trayectoria comercial, industrial y moral de quienes acompañan el proyecto”. Cuando toma la palabra Diego Balestra parece igualmente esperanzado: “Muchos de los que integramos Fondo Forestal también invertimos en parcelas y tenemos unas cuántas compradas, porque creemos que es un negocio muy interesante y que si sirve para otros sirve mucho más para nosotros”.
Feldman y Balestra continuaron desgranando los aspectos positivos de un negocio que pronto comenzó a dar ganancias. Negocio que matizaba Feldman con su hobby favorito, el acopio de armas vaya uno a saber con qué destino.
La violencia que Lacalle no pudo controlar
Atentados con bombas y armas de fuego
A Luis Alberto Lacalle le encanta mostrarse como un ex presidente con celoso sentido de la autoridad, pero cuando él fue gobernante resurgió el terrorismo de ultraderecha que puso bombas y realizó atentados a balazos. Creció el delito y la privatización de la seguridad. Y fue aquí donde asesinaron al chileno Eugenio Berríos.
José María Rodríguez
La imagen de político solvente que procura trasmitir Lacalle, que fue presidente de Uruguay durante cinco años (1990-1995), choca con lo que registra la prensa de aquellos años. “Las rapiñas, copamiento de fincas, las desapariciones y muertes, especialmente de mujeres jóvenes, son los emergentes de un estado de inseguridad que lleva al miedo, a la modificación de pautas de comportamiento social, que hacen que las personas se retraigan a sus hogares tempranamente”, sintetizaba el diario El Día en su edición del 22 de octubre de 1993. El matutino que dirigía Enrique Tarigo publicó cifras sobre el crecimiento del delito y sostuvo que desde la vuelta a la democracia en 1985 las empresas privadas de seguridad habían aumentado 300%.
Lacalle asumió el 1º de marzo de 1990. En setiembre de aquel año, el blanco de estas organizaciones -que operaban en la sombra- fueron una sinagoga de la calle José L. Terra (Montevideo), donde detonó un artefacto explosivo, y el cementerio judío de La Paz (Canelones), donde el día 23 apareció una veintena de tumbas pintadas con símbolos del nazismo: cruces gamadas y distintivos de las SS.
A la hora 2.30 del 11 de enero de 1991 una potente bomba destruyó el auto del diputado frentista Hugo Cores, estacionado frente a su casa, en 14 de julio y Rivera. El hecho fue reivindicado por el Comando Lavalleja, cuyos miembros siguen aún impunes pese a los años transcurridos.
Pero el 29 de abril de aquel año irrumpió otra organización, la Guardia de Artigas, que asumió la autoría de un atentado con una bomba colocada en el estudio jurídico del ex presidente colorado Julio María Sanguinetti, en Zabala 1276. Pocos días después, el 1º de mayo, otra bomba estallaría en un puente ferroviario cerca de la ciudad de Minas. Y nuevamente tomó estado público la existencia del Comando Lavalleja.
La oposición colorada y frentista reclamó respuestas, pero los ministros de Lacalle nada pudieron informar. La Guardia de Artigas llegó a secuestrar al periodista Alfonso Lessa, hoy gerente de noticias de Canal 12, que con sus ojos vendados pudo hablar con algunos de sus miembros. El 22 de mayo, “expertos” ingresaron al domicilio del entonces diputado frentista José Díaz en Pocitos y revisaron su archivo, huyendo por una azotea cuando inesperadamente regresó la esposa del parlamentario. Cinco días más tarde el estudio de Sanguinetti en Ciudad Vieja fue visitado por desconocidos que revolvieron todos los papeles y se fueron sin llevarse nada.
El 24 de setiembre nuevamente Cores fue objeto de un atentado terrorista: nueve proyectiles de 9 milímetros se incrustaron en la puerta de su casa, en horas de la madrugada. El 28 de octubre fue desactivada una bomba colocada en la casa de veraneo del jefe de la Armada, James Coates, amigo de Lacalle, que a instancias del político blanco pasó -en muy poco tiempo- de capitán de navío a vicealmirante.
Noviembre de 1992 es el mes de las grandes sorpresas: el 16, se produjo la primera masiva huelga de la Policía uruguaya, que demandaba mejoras en sus miserables ingresos. En todos esos días, detonaron explosivos cerca de la residencia presidencial del Prado;; en el entorno del entonces nuevo edificio de las comisiones del Palacio Legislativo;; en el entorno del grupo de Artillería Nº 5 en José Mª Silva y Burgues, Montevideo, donde pocas horas antes había estado cenando el jefe del Ejército teniente general Juan Rebollo con un grupo de generales, y hasta en una caseta de custodia de la embajada norteamericana en la rambla República Argentina.
99% asesinado
El programa de privatizaciones encarado con entusiasmo por Lacalle avanzó, y la ley de empresas públicas fue aprobada. La reacción no se hizo esperar. Se levantaron firmas y fue citado un referéndum. En plena campaña, en la madrugada del 6 de diciembre de 1992, uno de los locales en los que se organizaba la movilización en la capital -Guayabo y Tacuarembó- fue blanco de 13 disparos con un arma calibre 7.65 mm.
“Montevideo vive una situación de desprotección extendida” decía en el Parlamento el senador batllista Carlos W. Cigliutti. “Este Poder Ejecutivo debe
buscar a los responsables (de los delitos) y arbitrar todas las medidas que estén a su alcance”, subrayaba por su parte el senador blanco Wilson Elso Goñi. Lapidario, el senador frentista José Korzeniak afirmaba: “Existe una clara ineficiencia de los servicios (de seguridad) que deberían actuar (y) el gobierno no ha sabido manejarse, no ha habido fuerza ni voluntad política”.
El 5 de mayo de 1993 empezó a circular un documento anónimo de origen policial en el que se denuncia la situación del bioquímico chileno Eugenio Berríos, que el 15 de noviembre del año anterior se había presentado en la comisaría de Parque del Plata diciendo que lo tenían secuestrado y pidiendo auxilio. El episodio ha sido definido como “un golpe de Estado técnico” (ver Silencio de estado, Sergio Israel).
El gobierno arrancó con fuerza: destituyó al jefe de Policía de Canelones coronel Ramón Rivas. Lacalle, que estaba en Londres, adelantó su regreso. Aseguró que llegaría al fondo pero después dijo que era un asunto básicamente chileno. Y los atentados siguieron: disparos de origen anónimo, en la casa del Prado de quien acompañó a Berríos hasta la comisaría (capitán Hugo Cabrera), en el juzgado de Pando (juez Rolando Vomero) y una bomba estalló en la casa del fiscal penal José Barbagelata (31 de diciembre de 1993). Tomás Cassella (uno de los tres militares que estuvo junto a Berríos, hoy en Chile, procesado por su Justicia), es ascendido a coronel por el gobierno. La Justicia archivó el caso, sin perjuicio. El gobierno dijo que Berríos se encontraba en el exterior. Pero su cuerpo sin vida, con dos impactos de bala, apareció el 13 de abril de 1995 en las dunas de El Pinar.





