domingo, 8 de noviembre de 2009

EL FIN DE “HATTORI HANZO”..


(..) Sería de sentido común posponer emprendimientos financieros hasta tanto no se supiera quién estará al frente del próximo gobierno". ..


(..)"La delincuencia tiene en el precandidato José Mujica, su referente moral, político y electoral".

Este señor feudal, soberbio y arrogante con un reciente y negro pasado económico financiero a cuestas, aplica su ironía hiriente y elitista, acusando sin decencia para defender a “capa y espada”, los dichos de su “patronzito” el Dr. Lacalle. El modelo neoliberal y corrupto que defiende quien, al parecer volvería a ser ministro en una eventual presidencia de Lacalle, es el guión perfecto para Quentin Tarantino y HATTORI HANZO el legendario forjador de katanas para los nuevos samuráis.

“Ignacio vende Safis como un herrero vende cuchillos. El herrero no es responsable de lo que el comprador haga con su cuchillo” (Lacalle)

"Don Ignacio" (­así lo llaman en los círculos de empresarios y abogados del "negocio"), ya había sido manejado en el Senado brasileño cuando el escándalo Collor. "Fue todo un invento...son todas macanas", dijo al ser entrevistado telefónicamente por la revista "Noticias" (en agosto del 99) a propósito de las declaraciones del ex jefe de la DEA en Argentina, Abel Reynoso, que había ya investigado al estudio de su propiedad y respondió ofuscado nuevamente: "Que acusen al herrero por lo que se hace con el cuchillo que confeccionó es un disparate".

(..)Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales; los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso; es, de algún modo eterno, el puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar, quiere derramar brusca sangre. (Jorge Luis Borges)

El ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, destituido por actos de corrupción, obtuvo un falso préstamo para cubrir gastos inexplicables. El préstamo trucho, sustentado en documentación falsa, fue otorgado por una sociedad anónima, Alfa Trading, que operó desde el estudio de De Posadas. El contacto provino de un empresario brasileño, vinculado a Collor, que utilizaba las safi del estudio jurídico para evadir impuestos.

Cuando en febrero de 1989 fue detenido Raúl Vivas, por solicitud judicial de los EEUU, surgió a la luz pública la existencia de intereses transnacionales dedicados a legalizar las montañas de dinero que produce la venta de drogas ilegales. Del expediente, en el Juzgado de 4 Turno en lo Penal de Maldonado, se desprende que el Cambio Italia estaba estrechamente relacionado al Cambio Dyana (Ariadna SA) y un tercero llamado Victoria, que tenia sucursal en Rivera y se dedicaban al tráfico de oro, tarea dirigida por Vivas en Uruguay. Fue extraditado a los Estados Unidos en agosto de 1989 y condenado a 555 años de prisión en una cárcel del estado de Colorado. Su fecundo negocio convirtió a Uruguay, que no tenía entonces ni una mina, en el segundo exportador de oro a nivel mundial detrás de Sudáfrica, solo el cambio Dyana vendía 600 kilos de oro al mes, unas 24.000 onzas equivalentes entonces a casi 20 millones de dólares.

Ángel María Gianola, el ex ministro del Interior de la administración Lacalle, era el presidente de Ariadna S.A. cuando el Banco Central del Uruguay ordeno su clausura por haberse comprobado la vinculación al lavado de dinero.

Entre el personal ejecutivo del cambio Dyana también figuraba el mayor de ejercito (r) Alberto Casabo, quien fuera durante años director Nacional de Turismo hasta que se creo el Ministerio, y para quien se armó una embajada uruguaya en Gabón. Investigar las cuentas y actividades de Vivas lleva de la mano al asesinado empresario Luis Ernesto González, (agosto de 1993) con quien tuvieron negocios comunes en el tráfico y venta de oro. El juez Galeano reclamo además investigar "varias inversiones inmobiliarias a través de 11 sociedades anónimas --algunas situadas en Punta del Este-- y a una empresa constructora". El dinero circulaba por el Chase Manhattan y el CITIBANK.

En 1992, dos años después del escándalo Vivas el contador del Cartel de Cali, Ramón Humberto Puentes (55), nacido en Cuba, fue detenido en un hotel de Punta del Este a solicitud del juez Baltasar Garzón por policías españoles y uruguayos. Entre 1982 y 1986 introdujo unos 10.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos operando desde el Panamá del famoso General Noriega, y a raíz del descubrimiento y captura de 530 kgs de cocaína en Barcelona en el año 1988, Puentes decidió el traslado de sus operaciones de Centroamérica al Uruguay, paraíso fiscal que comenzaba a ponerse de moda.

El Dr. Ignacio de Posadas siendo ministro de Economía, impidió un allanamiento a su estudio. El pedido había sido hecho por la jueza argentina Servini de Cubría que buscaba y encontró las conexiones más importantes del BCCI, el quebrado banco de Ghaith Pharaon, con el lavado de dinero del Gral. Noriega de Panamá.

El escándalo Amira Yoma, cuñada de Carlos Menem y las famosas valijas de dólares desde Nueva York, a través de la aduana de Ezeiza cuyo responsable era su marido Ibrahim Al Ibrahim, por decreto firmado por el entonces vice de Menem Eduardo Dualde, eran la punta de una madeja insospechada hasta entonces, de lavado proveniente del narcotráfico, armas, oro y más. El expediente abierto en el Juzgado de 4 Turno consigna que "en varios viajes sucesivos Amira Yoma traslado hacia Uruguay una cantidad de dinero imposible de cuantificar, depositado en bancos de Punta del Este. Cuatro jueces acatuaron: Baltasar Garzón en España; Maria Servini de Cubria y Amelia Berraz de Vidal en Argentina y Gabriel Adriasola en Uruguay quien decretó su extradición hacia los Estados Unidos.

Un Gran Jurado de Miami lo condenó el 20 de mayo de 1992 a diez años de prisión. Una condena tan benigna para un sujeto que introdujo diez toneladas de cocaína a ese país que solo tiene una explicación: Ramón Puentes acepto colaborar con la DEA.

En octubre de 1996 la DEA a través del agente especial Gregory Philips, advirtió a Uruguay sobre el peligro del tránsito de droga en nuestro territorio y lavado de dinero.

En el año 1996 asesoró al fallecido jefe del cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes y su gente.

Cuando el entonces director nacional de Policía inspector (r) Roberto Rivero inició una investigación sobre las actividades del Cártel de Juárez en nuestro país, fue destituido por el ministro del Interior Guillermo Stirling y acusado de terrorismo de estado por agredir al sistema. Recordemos a Rivero como el ex director de drogas, quien junto a Wilson Guinares director nacional de investigaciones y a cargo del caso Gonzales, avanzaron peligrosamente para algunos en las conexiones del caso con el contrabando de oro, el incendio del Palacio de la Luz (que cobró la vida de 5 inocentes), la estafa al Banco Central y su relación a altos niveles que derivó en un traslado a Madagascar en misión de paz para Guinares, a su retorno la dirección del COMCAR y su posterior destitución previo sumario y procesamiento por la “fuga de un preso” Nunca más se supo de el..(una verdadera cama).

Rivero expuso reservadamente en un oficio policial dirigido a la Justicia lo que luego Andrés Oppenheimer revelara en su libro "Ojos vendados" y ahora reafirma, con más datos, el documento elaborado por la Comisión de Diputados argentina, que el Estudio Posadas, Posadas & Vecino arma sociedades empleadas por los lavadores de dinero y que estaban involucradas las principales instituciones bancarias como el CITIBANK, uno de los más importantes del mundo.

Que Javier Morassi, escribano del director de Búsqueda Danilo Arbilla, quien intervino representando al empresario periodístico en la venta de su mansión de Punta del Este por 550.000 dólares al narcotráfico, continuó trabajando para los lavadores del Cártel de Juárez, y el informe argentino revela que Morassi sigue "atendiendo" a cinco empresas, tres de las cuáles eran conocidas:

Sasur, que es la dueña del chalet Holiday adquirido a Danilo Arbilla, Idafal SA-- porque estaban encabezadas por Jaime Martínez Ayon, representante directo de Amado Carrillo Fuentes en Argentina y Nicolás Di Tullio, recientemente procesado y remitido a prisión por lavar dinero del Cártel y propietaria de los campos en paraje Las Bolas en Flores y Tamilur, que controlaba a todas las empresas argentinas y pagaba todos los sueldos y gastos de las propiedades donde estuvo viviendo Carrillo Fuentes.

En noviembre de 1997 el diario USA Today público un informe elaborado por "Freedom House", institución de estudios sobre la democracia, que aporta datos reveladores acerca de la magnitud del problema que significa el tránsito de dinero proveniente del narcotráfico para el sistema democrático.

El mismo estudio jurídico fue mencionado como parte de un esquema de lavado que investigaba el jefe de la Droug Efforcement Agency (DEA) en Buenos Aires, Abel Reynoso. Reynoso, en 1999 y antes de ser subrogado del cargo por el gobierno de EEUU a pedido de Menem, (abandonando Argentina en menos de 48 horas y sin siquiera ser despedido por sus pares) había confeccionado “una lista de 14 empresas fantasmas formadas en Montevideo por el estudio jurídico de Ignacio de Posadas, que se dedicaban a limpiar dineros del narcotráfico”. Una red de lavado de dinero por más de mil millones de dólares que involucraba a importantes figuras políticas de Uruguay, Brasil y Argentina que "comenzaba siempre en los mismos estudios".

En 1999, la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay comprobó que se habían creado, durante el año, 4374 SAFI contra 2310 sociedades anónimas domésticas. Un año después, el organismo internacional GAFI ¬que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos¬ calificó a Uruguay como uno de los cinco países que debían ser particularmente monitoreados.
"Yo tenía mucha información de muchas cosas, pero mi función no era investigarla. Obviamente que la DEA y el Departamento de Estado tenían información, pero eran problemas que el gobierno argentino decidió no tocar o hacerse el distraído. Por algo habrá explotado el país cuando todo aquello explotó en la prensa", concluyó el ex jefe de la oficina de lucha contra el narcotráfico. Fue trasladado a Washington bajo la apariencia de un ascenso, pero renunció al cargo en la DEA y ahora vive en Los Angeles con su familia, donde se dedica a la actividad privada. Reinoso había tomado la lucha contra el narcotráfico en el país como una cuestión personal que se relacionaba con su origen argentino. Por eso dedicaba parte de su tiempo, aunque no era su obligación y no le pagaban para ello, a dar decenas de seminarios sobre drogas. Quizá no haya hablado respetando todos los códigos diplomáticos, pero lo cierto es que durante su gestión se dispararon varios de los más grandes debates sobre el narcotráfico en la Argentina que despertaron la conciencia de más de uno.

De Posadas fue también abogado del Banco Comercial cuando los hermanos Carlos y José Rohm transfirieron ilegalmente bonos y otorgaron préstamos irrecuperables a una docena de empresas fantasmas cuando el “corralito” en Argentina. Éticamente patético porque, a pesar de asesorar al directorio del Comercial, pasó a representar a clientes damnificados por el vaciamiento. (600 millones de dólares).

El caso BPA según un auto judicial de 1996, costó al Estado unos 400 millones de dólares.

Las 96 sociedades anónimas o sociedades financieras de inversión (Safi's) investigadas, y denunciadas en el informe Carrió, fueron creadas por “prestigiosos” estudios contables uruguayos y en cuyo directorio figuran testaferros compatriotas. Todas ellas figuran en las nóminas enviadas por la Comisión del Senado de los EEUU que investigó el lavado de dinero, siete vinculadas a Mercado Abierto y al Cártel de Juárez, las otras 89 se refieren exclusivamente a la operativa del Federal Bank, el Banco República y la American Exchange, todas propiedad del banquero argentino Raúl Moneta y titular del Federal Bank, que en las Islas Caimán operaba el Grupo Mercado Abierto. El estudio Posadas, Posadas & Vecino "fabricó" decenas de empresas empleadas luego por Moneta para desviar dinero a través de la American Exchange, con sede en Punta del Este y en Panamá.

El senador demócrata Carl Levin y la republicana Susan Collins no investigaban el lavado de dinero sino a los bancos que son pantallas que operan en paraísos fiscales sin supervisión alguna y acceden al sistema financiero a través de cuentas corresponsales con grandes bancos estadounidenses. Esa comisión investigadora del Senado concluyó en marzo de 2001 que el equipo de Moneta introdujo 7 mil 700 millones de dólares del cártel de Juárez en su cuenta del Citibank de Nueva York

Todas depositaban en el Federal Bank; alguna está vinculada, a través de sus socios, a la Zona Franca de Montevideo, hoy ZONAMERICA como Katun SRL, u otras como Altazor SA aparece recibiendo giros del Federal Bank.

ZONAMERICA S.A. fue la primer Zona Franca autorizada por Resolución del Poder Ejecutivo del 16 de febrero de 1990 y la más poderosa aliada de los espurios intereses, conformando un paraíso fiscal encubierto y legalizado a partir de su sola creación y al amparo de un férreo secreto bancario. La “exclusividad” dada este emprendimiento por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 57/93 del 2 de febrero de 1993 y su modificación por el Decreto 209/94 del 6 de mayo de 1994, que establecieron una serie de condiciones para la concesión de autorizaciones al emplazamiento de nuevas zonas francas referentes a localización, inversión y activi­dad, desviste el estrecho vinculo mencionado anteriormente y más desde que su fundador y director, Cr. Orlando Dovat propietario del estudio Dovat, Carriquiry y Asociados está fuertemente vínculado a través del Opus Dei y la participación directa de sus miembros en aquel gobierno.

Las exencio­nes de carácter aduanero distinguen a las zonas francas uruguayas de la mayoría de las zonas francas del mundo, exoneración del IVA a la circulación de bienes dentro de la zona fran­ca, y prestaciones de servicio. Pero también están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos cuya exoneración legal requiera de una autorización específica, (IRAE), (IP). No rige ninguno de los monopolios estatales vigentes en el territorio no franco, como los servicios de telecomunicaciones fuera del ámbito de ANTEL, así como la libre compra de combustible.

Pero lo más importante al momento de analizar, es la libre entrada y salida de divisas, metales preciosos y títulos valores de cualquier especie, dándole ilimitadas facultades para “repatriar capitales y beneficios” así como el pago o cobro de operaciones comerciales - compras o ventas realizadas desde zona franca -que no requieren inter­vención de las autoridades económicas uruguayas, inclu­yendo al Banco Central del Uruguay y, a partir del 15 de Abril de 1993 mediante la Circular Nº 1448, sancionada por el BCU, se autorizó a las Institucio­nes Financieras Externas (IFE) instaladas en zona franca en carácter de usuarias, a considerar a los usuarios de zona franca como “no residentes”. Con ello se habilitó la realización de cualquier operación financiera entre ambos tipos de empresas, ya que la le­gislación vigente establece que las IFE - más conocidas como banca off-shore - sólo pueden operar con firmas “no residentes” en el país.

Exonerándose del IVA por las compras en la zona no franca, prestación de servicios profesionales a prestarse dentro de la zona franca, sobre tele­comunicaciones y energía eléctrica, servicios de teleco­municaciones desregulados que son suministrados por el explotador o un usuario de la zona franca exoneración de aranceles de adquisición de equipos de activo fijo, acceder al crédito y demás servicios de las IFE a costos inferiores, debido a que no están gravados por el IVA, el Impuesto a los Activos Bancarios, el IRAE ni el IP.

Y como si fuera poco y única explicación de la inamovilidad en el tiempo y el espacio de dicho emprendimiento: a los efectos de dar mayor seguridad al régimen, el Esta­do uruguayo asume la responsabilidad por daños y per­juicios que puedan ocasionar, a los usuarios, eventuales cambios en la normativa vinculada a las zonas francas, garantía establecida por ley que se prolonga durante toda la vigencia del contrato además de la obligatoriedad de constituir una servidumbre de destino en el terreno afectado a zona franca, por lo que durante el término de la explotación, dicho terreno no puede ser desafectado de la actividad de zona franca constituyendo una garantía más.

Según el informe elevado a la jueza Fanny Canessa por el oficial principal Gonzalo Cozzolino, de la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, en 2002 la aduana de Estados Unidos informaba que el cártel de Juárez realizaba en nuestro país operaciones de lavado de dinero mediante dos modalidades: “Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en las que interviene nuevamente el Estudio Posadas, Posadas y Vecino, y entidades financieras en operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas”.

De posadas fué Director de Merryll Linch en Uruguay que funcionaba en ZONAMERICA desde 1995 y uno de los tantos bancos fundidos en EEUU y vendido a Bank of América. El presidente Obama prometió una lista de quienes habían cobrado primas millonarias organizadas justo unos días antes de la debacle. “El fiscal de Nueva York ha asegurado que obtendrá y difundirá los nombres de los directivos involucrados en la distribución de 165 millones de dólares.”

(..) “(el secreto bancario) es una institución cuyos efectos se proyectan sobre la sociedad. No sólo hace a preservar aspectos del fuero íntimo de las personas, también se proyecta sobre valores que permiten el desarrollo económico de una sociedad” ..cuáles serían esos aspectos Dr.?

El Decreto 614/92, en el artículo 17, agrega: “El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas.

Declárase que no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera”.

"Si un taxista para su automóvil con el motor encendido frente a un banco y cuando sube una persona corriendo con una bolsa con el signo de dólares, sale velozmente, pasándose los semáforos en rojo, no se puede sostener que su conducta está dentro de los estándares de los choferes de taxis", por lo tanto, el chofer del taxi debe responder como coautor del delito de robo..

Código Penal Uruguayo
art. 61. (Concepto del coautor)

Se consideran coautores : .......4:
Los que cooperan a la realización, sea en la faz preparatoria, sea en la faz ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer.

62. (De los cómplices)

Son cómplices lo que, no hallándose comprendidos en los artículos precedentes, cooperan moral o materialmente al delito por hechos anteriores o simultáneos a la ejecución, pero extraños y previos a la consumación.

Y usted DON IGNACIO, acá o en Gibraltar, tarde o temprano, sea en calidad de coautor o cómplice, va a tener que responder del delito de lavado de activos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario